El Contrato Verbal de Inquilinato en la República Dominicana

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La inversión inmobiliaria, motivada por el interés rentista, es una constante en la economía dominicana. Este sector, siempre en precario y en espera de nuevas unidades habitacionales para satisfacer una demanda creciente, se presenta como una oportunidad atractiva para los inversionistas.


La forma más tradicional de rentabilizar estas inversiones es a través del alquiler de propiedades. Generalmente, el contrato de alquiler es un documento escrito que establece las condiciones bajo las cuales se cede el disfrute de la propiedad. Sin embargo, en ocasiones, estos acuerdos se realizan verbalmente, aplicándose entonces el derecho común en su totalidad.


En casos donde las partes necesiten hacer valer los términos de un contrato de alquiler verbal, deben acudir a las instancias legales correspondientes para resolver cualquier disputa. Esto incluye, entre otros, la posibilidad de registrar el contrato ante el Banco Agrícola de la República Dominicana (BARD). Este registro implica completar un formulario y cumplir con el depósito de los valores recibidos como garantía, el cual debe ser al menos equivalente a un mes de renta, pudiendo incrementarse hasta un cincuenta por ciento adicional si han transcurrido más de seis meses desde el inicio del contrato.


Para iniciar un proceso judicial relacionado con un contrato de alquiler verbal, es esencial preparar adecuadamente la demanda. Esta debe incluir certificaciones que el demandante debe obtener, tales como la certificación del alquiler relativa al registro del contrato y la certificación del depósito del alquiler. Estas certificaciones suplen la ausencia de un contrato escrito y son fundamentales para fundamentar la demanda.


La importancia de cumplir con estos procedimientos legales no puede ser subestimada. Registrar el contrato y cumplir con los requisitos establecidos por la ley no solo protege a ambas partes, sino que también facilita la resolución de conflictos en caso de disputas. Además, proporciona una mayor seguridad jurídica a las transacciones inmobiliarias, fomentando un ambiente de confianza y estabilidad en el mercado de alquileres.


Finalmente, es crucial que tanto propietarios como inquilinos comprendan y respeten las disposiciones legales relacionadas con los contratos de alquiler, ya sean verbales o escritos. Esto no solo asegura el cumplimiento de las obligaciones contractuales, sino que también contribuye a un sector inmobiliario más justo y eficiente.



Salomón Ureña Beltre

Abogado

salomonbeltre@me.com