La titularidad de
la tierra es uno de los problemas más graves que afronta nuestro país desde su
fundación, y aun antes, desde que fuimos descubiertos en el año 1492.
Según estudios
realizados por reconocidas instituciones que se preocupan por el tema, como la Junta Agro Empresarial Dominicana, cerca del cincuenta por ciento de las tierras que ocupa
la parte Este de la Isla de la Española no está todavía titulada, a más de considerarse
que el producto de las que están supuestamente deslindadas y amparadas bajo
constancias, sobrepasa la totalidad de la superficie con que cuenta nuestro
territorio que es de 48,442 kilómetros cuadrados.
La situación de la jurisdicción inmobiliaria es tan delicada que el actual presidente de la Suprema Corte de
Justicia Mariano Germán Mejía, ha considerado
como: “Un verdadero desorden lo que
impera en el registro inmobiliario en la República Dominicana”, situación
esta que lo ha llevado a tomarla como una de sus principales banderas durante
el ciclo que le corresponde ser el guía del organismo rector de la justicia
dominicana.
La misma situación
de confusión que experimentaban Inglaterra, España, Francia, Australia, los
Estados Unidos, etc., sobre la titulación del derecho real, pero que fueron si
no erradicadas, bien limitadas a su mínima expresión a partir del 1858 con la
instauración del sistema de titulación ideado por Ricardo Torrens, el que
todavía rige en nuestro país, pero que no ha logrado entre nosotros hacer que
desaparezca -la confusión- y la desconfianza, vale decir, por la manera
ineficaz con que se ha manejado el tema de parte de todos quienes han debido
aplicar con el rigor debido la norma legal que lo amparado en las diversas
etapas a partir del 1920.
Al día de hoy,
todavía en la República Dominicana, los propietarios de inmuebles se ven
despojados de manera insultante de sus tierras a través de la invasión,
falsificación, fraudes y el chantaje de parte de grupos de vándalos que han
subsistido a lo largo de los siglos, sin que exista una política definida de
parte de las autoridades encargadas de perseguir y sancionar de manera ejemplar
a sus patrocinadores, tal como dicta la ley, en franco detrimento del trabajo y
del patrimonio de los dominicanos y de la propia inversión extranjera, la cual ha
tenido que amainarse a lo largo de nuestra historia por las amenazas constantes
a la que se ha visto sometida.
Todo este
latrocinio ha ocurrido no obstante estar debidamente reglamentada y amparada por
la fuerza pública las constancias de propiedad que se emiten a favor de los
particulares.
Desde las bulas
de 1493 del Papa Alejandro VI, que investían a los Reyes de España del derecho
de propiedad sobre las tierras descubiertas y por descubrir, pasando por la Ley
de Amparo Real, que establecía el procedimiento para proteger en sus derechos a
los pobladores que tenían prueba escritas, la Ley sobre Composición de Tierras
del 1631, la Constitución de 1844, la Ley sobre Bienes Nacionales de 1845, Ley
sobre Registro y Conservaduría de Hipotecas de 1890, ley sobre División de
Terrenos Comuneros y la ley, la Ley de Registro de Tierras de 1920, y la que la
modificó en el 1947, así como por la más reciente la Ley No. 108 del 2005.
Actualmente
rueda en los medios, un documento que catalogamos como un adefesio de
anteproyecto inmobiliario que se pretende someter ante el Congreso del cual nos
tendremos que referir a su momento, denominado: “Proyecto de Ley que Aprueba la Estrategia Nacional de
Titulación de Inmuebles, Crea la Oficina Nacional de Registro Inmobiliario y
Modifica la Ley No. 108-05, de Registro Inmobiliario”, con el cual se estaría impulsando una
modificación radical a la forma en que hasta la fecha se ha administrado la
propiedad inmobiliaria de este país, atribuyéndole fundamentalmente al Poder Ejecutivo
la facultad de
tener bajo su dirección la depenencia inmobiliaria nacional.
Se evidencia que
desde nuestros orígenes como nación, ha habido interés de parte de las
autoridades de adecuar y adecentar la jurisdicción inmobiliaria, habiéndose invertido
cuantiosos recursos económicos, técnicos y humanos, tanto de fuente nacional, otros
recibidos por vías de ayudas de importantes organismos internacionales, y otros
de facilidades crediticias, pero que no han sido suficientes para otorgarle el
rango de confianza que debe primar en las labores que desempeñan las
instituciones que pertenecen a este importante circuito de la vida económica
del cualquier país.
La necesidad que
tenemos todos de una sólida jurisdicción inmobiliaria es que se pueda atribuir
garantía efectiva a las constancias que emita a través de la correcta
determinación e individualización de sujeto, objeto y causa del derecho a
registrar basado sobre los cuatros elementos pilares del sistema Torrens que
todavía gravitan en nuestra normativa inmobiliaria, a saber: Especialidad,
legalidad, legitimidad y publicidad, sin dejar de faltar la vigilancia judicial en los mecanismos utilizados.
Como a la
soberanía, el Estado debe estar alerta no se vulnere el derecho de propiedad,
que es sagrado y constitucional. Este debe estar presto para aniquilar toda
tentativa de quebrantamiento de su universalidad, no con simple expresiones
circunstanciales de que prevalecerá el respeto a la propiedad privada, sino con
contundentes muestras de disponer de las herramientas con que cuenta para
imponer su observancia.
Una vez logrados
estos aspectos, la colectividad en su conjunto podrá dar por creíbles los
instrumentos de titulación, podrán acceder al crédito, con lo que trazarían las
estrategias que les permitirán trabajar con mayor ahínco, lo que derivaría en un
crecimiento sostenido en todos los ordenes de la familia dominicana, por contrario
corolario los que continúen sin tener acceso a la titulación garantizada y al
debido respeto de sus derechos inmobiliarios, seguirán estando golpeados con
esta condición que los aísla y limita el desarrollo, impidiendo como
consecuencia malsana el fomento de las riquezas del país.
Salomón Ureña B
E L T R E.
Abogado –
Notario.
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