Presidentes de la Suprema Corte de Justicia y el Tribunal Constitucional.

Posteado el // Comentar


Se puede echar andar la premisa que sostiene el criterio que siempre que en nuestro país se ha hablado sobre la conformación de un tribunal de garantías constitucionales, los sectores que lo han propuesto, han encontrado la oposición constante y decidida de los jueces que integran la Suprema Corte de Justicia, organismo que ha sabido mantener de manera perseverante la tesis contraria.

La Suprema Corte de Justicia ha tenido, desde su instauración y durante toda nuestra historia republicana, hasta el año 2010, fecha en que nuestra constitución fuera objeto de la más profunda reforma, la última palabra sobre el control difuso de la constitucionalidad de las leyes, decretos, reglamentos, resoluciones y de cualquier acto oficial que pudiere serle contrario.

Regularmente cuando el Congreso Nacional se ha avocado a conocer sobre algún proceso de reforma a la ley de leyes, habiéndose abordado el tema sobre el control difuso de la constitucionalidad, ha sido el organismo rector de la justicia nacional, el que ha quedado facultado con tales atribuciones, bien para conocer de manera exclusiva de las acciones que lleven a evaluar la legitimidad de lo abordado ora por vía directa ora como incidente procesal, que es lo que comúnmente se conoce como recurso de inconstitucionalidad por vía de excepción.

En el año 1970 y más acentuado en el 1971, hubo una especie de dinámica social que auspiciaba el convencimiento teórico sobre la necesidad de la conformación entre nosotros de un tribunal de garantías constitucionales, pronunciándose el organismo superior del poder judicial nuestro en abierta oposición a tales pretensiones.

De manera que el entonces presidente de la Suprema Corte de Justicia, el Dr. Manuel Ramón Ruiz Tejada, al referirse al tema en su discurso pronunciado para la apertura de los tribunales en el año 1972, éste dio su parecer en el sentido siguiente:

“Seria inconcebible una superestructura sobre cualquiera de cada uno de los tres poderes del Estado, Un tribunal de Garantías Constitucionales vendría a ser especialmente dentro de nuestra organización institucional, algo así como una superestructura sobre el Poder Judicial.”

Indicaba además, el señor presidente de la Suprema Corte de Justicia de entonces, que: “…el propósito perseguido podía lograrse, sin necesidad de tal creación… si se aprovechan las reformas constitucionales y legales para ampliar en cuanto sea dable hacerlo, las facultades y radios de acción de la Suprema Corte de Justicia. A fin de que pueda funcionar con toda la fuerza y la rapidez necesaria en los casos en que se trate de amparar por vías legales, los derechos y las prerrogativas que conceda a la persona humana nuestra constitución.”

No menos decidida ha sido la reacción del actual honorable presidente de la Suprema Corte de Justicia, el Dr. Jorge Subero Isa, quien desde el inicio mismo del proceso de reforma constitucional, al referirse al tema, ha dicho que:

“La creación de un tribunal constitucional entre nosotros va a ocasionar un “desorden institucional”, y va a poner en “peligro la gobernabilidad”, la “seguridad jurídica” y la “convivencia pacífica”. (El Caribe, 19 de enero de 2011)

No obstante el sentimiento opositor que generó en la persona del Dr. Jorge Subero Isa, la creación del Tribunal Constitucional, tras el reciente proceso de reforma constitucional a la que se avocó el país, no pudo evitarse su conformación, en lo adelante debe haber una actitud más tolerante, este institutio debe contar con el respaldo de todos los dominicanos, no debe continuarse con los postulados de efervescencia contradictoria sobre esta instancia.

No hay que ser un oráculo para prever que este nuevo tribunal traerá por varias razones muchísimos desasosiegos a toda la comunidad nacional, debido a que como será un tribunal de corte meramente político, como órgano exento al poder judicial, será un instrumento a ser utilizado por los poderes fácticos y económicos para lograr fruto de las venalidades de sus integrantes, sus propios provechos circunstanciales. El adocenamiento de los miembros que lo compondrán, ya es un hecho, así se ha estado observando con los movimientos que desde el Poder Ejecutivo se han estado promoviendo, entre otros, tras la intención de lograr decisiones que posibiliten sin mayores estragos, la reelección presidencial.

De todos modos, ahora que a la agenda política le urge la aprobación de la ley que reglamentaría el Tribunal Constitucional que cursa por ante el Congreso Nacional, no deben, ciertamente dejar de escuchar las voces del actual presidente de la Suprema Corte de Justicia, así como se ha hecho en el pasado, en el sentido de la competencia de atribución que le será finalmente concedida a esta novedosa instancia constitucional; deben los actores que patrocinan su conformación, prestar especial atención para que luego no sea este mismo tribunal el que preñe de aun más sinsabores al ya muy desprestigiado Poder Judicial.


Salomón Ureña Beltre.
Abogado.
salomonbelre@me.com

El Sicariato Cobra una Nueva Víctima, Ahora Asesina a un Abogado.

Posteado el // Comentar





Nos llena de profunda consternación e impotencia el crimen canallesco de que fuera objeto el abogado Luis Felipe Espertín Citronelli, de 46 años, tiroteado por desconocidos a prima noche del pasado día viernes 14 de enero del 2011 en el municipio de Santo Domingo Este.

Las autoridades luego de cumplirse las cuarenta y ocho horas de la comisión de este aberrante suceso que enlútese a la familia de este competente abogado, integrada además por sus seis hijos, no han dado con el paradero de quienes lo propiciaron.

Aunque la práctica de “asesinar por paga” ya venia consumándose entre nosotros, no fue sino a comienzo de los primeros años de la década del siglo XXI cuando los dominicanos comenzamos a familiarizarnos con la figura del sicariato; fueron las declaraciones del extinto Carlos Evertsz Fournier, las que revelaban algunos detalles sobre ciertos asesinatos por él  cometidos, las que nos invitaron a conocer sobre esta que es una modalidad muy contradictoria de algunos ganarse la vida.

En la medida que nos hacemos más complejo en nuestras vidas, más aumenta la contratación de servicios del sicariato, el cual comenzó produciéndose entre los integrantes de las bandas de criminales sitiadas en los barrios de la periferia, y que se ha extendido a los demás estamentos sociales, gracias a que no se tomaron a tiempo las medidas cautelares que aplacaran su crecimiento.

A las actividades del narcotráfico se le debe fundamentalmente que hoy el sicariato haya tomado tanto espacio en todas las esferas de la sociedad nacional, no respetando ni dejando en salvaguarda a ningún tipo de persona ni pobre ni rica.

Es aterrador como la esposa sin el más mínimo remordimiento contrata los servicios de individuos desalmados por apenas doscientos mil pesos para que sin mayores esfuerzos asesinen en plena vía pública a su consorte, como ocurrió el pasado mes de diciembre en la avenida Winston Churchill, solo para asegurarse, la autora, la convivencia con su amante.

Los dominicanos que no nos hemos aliviado del lamentable hecho de Santiago donde un destacado empresario pagó para terminar con la vida de su esposa, hoy  tras la manera en que se produjo la muerte de este abogado Citronelli Espertin, se nos sorprende hasta el límite de reducírsenos la templanza y la credibilidad sobre el sentido de convivencia en paz a la que debe aspirar nuestra sociedad

Es muestra ostensible que el no haber afrontado con el carácter decidido e inmediato la ocurrencia de este tipo de hechos, que haya un desencadenamiento en la expansión de los crímenes de esta naturaleza. El atentado contra el hijo de una prestigiosa familia de Santiago, el abogado Jordi Veras, hoy se repite, con mayores consecuencias en la persona del abogado Luis Felipe Espertín  Citronelli.  

Es función obligatoria de las autoridades competentes no permitir que estos hechos puedan quedar impune, además las respuestas contra la delincuencia deben ser más urgente, debemos afrontar estos eventos con mayor determinación para evitar su auge.

El Colegio de Abogados de la República Dominicana, encabezado ahora por el Dr. Diego José García, debe pronunciarse, diligenciar y aunar sus esfuerzos para conjuntamente con el Procurador Fiscal de la Provincia de Santo Domingo no cesar en las investigaciones que den al traste con los criminales que cumpliendo un mandato obraron de manera tan desafiante contra un ciudadano de tanta valía a quien lo despojaron tan sarcásticamente de su bien más preciado como lo es la vida.

El Procurador General de la República, Doctor Radames Jiménez Peña, ciudadano sensible y preocupado por la suerte de una sociedad con menos criminalidad debe instruir a los hombres y mujeres miembros del ministerio público que tiene bajo su cargo y a los técnicos investigativos de mayores experiencias para que profundicen las investigaciones que propicien la identificación y paradero de todos los que fraguaron este horrendo y abominable hecho criminal que hoy afecta a uno de nuestros abogados.

De la misma manera en que las autoridades le dieron respuestas a los sucesos de Santiago en el caso de Jordi Veras y al de la Winston Churchill, estas deben arreciar para dejar sellada su franca determinación a no dejarle espacio a esta nueva lacra social como lo es el sicariato.  La comunidad nacional debe ser  recompensada de inmediato en la identificación de los autores de la muerte del abogado Luis Felipe Espertín  Citronelli, de 46 años, para que el imperio de la justicia ejerza su función sancionadora y ejemplarizante.



Salomón Ureña Beltre.
salomonbeltre@me.com
Abogado.

Dr. Salvador Jorge Blanco: Adalid de la Democracia Dominicana.

Posteado el // Comentar

El Dr. Salvador Jorge Blanco, estuvo caracterizado por excelentes atributos de carácter personales, humanos y profesionales.

Este ejemplar ciudadano, quien luego de descender del solio presidencial, se fue a recluir a su residencia, a devolverse a sus orígenes, a llevar la vida de un ciudadano común, a ejercer su profesión de abogado y por esta razón tuvimos acceso a él por primera vez, cuando coincidimos en el Juzgado de Paz de la Primera Circunscripción del Distrito Nacional, situado en Ciudad Nueva.

Para nosotros, cuando apenas iniciábamos nuestro iter profesional de abogado, fue realmente sorprendente poder abordar a aquella encomiable personalidad quien asistía a una audiencia a la más ínfima instancia de la jerarquía de los tribunales nacionales, luego de ser presidente de la República, donde acudió a defender una causa de relativa poca significación con el mero interés procesal de tramitar una  comunicación de documentos. Allí el presidente Jorge Blanco estuvo acompañado solamente de un ayudante, quien vestido con indumentaria policial le hacía las veces además, de chofer.

Su sencillez, su accesibilidad y humildad vista por nos en aquel momento y tras comprobar posteriormente el mismo perfil en el modo de proceder en sus hijos: Orlando y Leticia, nos hizo apreciar con justeza la especial singularidad de lo que era aquel ser humano.

Reconocemos que respecto al Dr. Salvador Jorge Blanco llegamos a tener contrarios parecer cuando producto de la influencia que sobre nosotros ejercía el medio político y social, acentuado por la voluntad reaccionaria y controversial que adorna al ser humano en sus años de mocedad, tuvimos cierta inclinación por aquellos que le endilgan la comisión de actos contrarios a la ley, de los que posteriormente se comprobara y hasta confesado por algunos de sus acólitos, inclusive, que tales imputaciones de que fuera objeto en el pasado eran injustas, absurdas y abyecta.

Las luchas de intereses grupales dentro de su propio partido político y el sentido de permanencia que aspiraba mantener el liderazgo político nacional, se conjugaron para  descalificarle, utilizándose los más feroces medios y argumentos que finalmente lograron extirparle de la vida pública.

Con templanza y gallardía supo mantenerse en el anonimato al cual lo postraron sus opositores.

Hoy la mayoría del pueblo dominicano comprende que su obra de gobierno fue  trascendental para la vida democrática de la República.

Esta misma democracia a la que él desde sus años de plena juventud le vino aportando en tantos órdenes, que con coraje y decisión no cesaba de dejar constancia de su decidida y firme determinación de ser uno de sus protectores y defensores a ultranza.

El presidente Jorge Blanco mostró preocupación permanente por como transitaba la vida nacional, de manera que solía expresar sus opiniones sobre los temas sociales de actualidad. En la prensa nacional escribía y desarrollaba con especial profundidad lo relacionado al ámbito jurídico, los que dominaba con profusión; sus publicaciones eran esperadas con especial atención para conocer cuales eran sus posturas en relación a los acontecimientos suscitados. La mayoría de sus publicaciones están coleccionadas y editadas en las obras: Temas Para la Prensa, Archipiélagos de Intereses, Justicia y Prensa, etc. De igual manera se resaltan de su vida bibliográfica obras de importantes doctrinas jurídicas, las cuales devienen por igual en interesantes aportes para nuestra democracia.

A pesar de llegar a presidir una de las oficinas de abogados más prestante de la ciudad de Santiago, supo lidiar y enfrentar pública y privadamente los intereses de entidades y personas poderosas que de no haberlo hecho, él lo sabía, le hubieren significado mejores beneficios políticos y económicos.

Su período de gobierno coincidió con el Centenario de la traducción, localización y adaptación en nuestro país de los Códigos Franceses de la Restauración, para cuya ocasión desde su administración se realizaron importantes aportes, como fuera la ordenada mediante el Decreto 826 del 26 de febrero del 1983, la que instruía se preparara una edición oficial especial de los Códigos Civil, de Procedimiento Civil, Penal, de Procedimiento Criminal y de Comercio; de esta manera dejó de estar diseminada la legislación nacional, quedando compendiada hasta nuestros días, lo que ha venido a ser de mucha utilidad para todos los abogados en ejercicio.

Sus destacadas cualidades de hombre firme en sus propósitos, sosegado, cristiano y de sobrada humildad, lo hicieron convencerse desde muy temprano de lo esporádico de la vida y de todo lo que de ella resulta, por esa razón fue un presidente atípico en el ejercicio del poder, el pueblo dominicano lo recordará con especiales afectos.

Su sitial preferencial ya está fijado en nuestra historia tal como fuera despedido al ritmo de una salva de 16 cañonazos de entre nosotros, su digna y esmerada vida, la que entregó por la lucha en la defensa de los mejores intereses de la patria y de la democracia nacional, es la mejor recompensa, tras su muerte, para sus hijos que en estos momentos sobresalen como destacados profesionales y ejemplares ciudadanos.


Descanse en Paz, presidente Jorge Blanco.

Salomón Ureña Beltre.
salomonbeltre@me.com
Abogado.

La educación en la República Dominicana.

Posteado el // Comentar
3-3

La carencia educativa produce pobreza, exclusión social, improductividad, desasosiego, sometimiento, dependencia e incapacidad para elegir y ser elegido, etc.

La sumisión que hemos experimentado los dominicanos a lo largo de nuestra historia hasta nuestros días ha sido obra trazada por los que nos han dirigido, ellos han orientado a sectores menos atractivos para el desarrollo individual y social, los recursos que han debido ser destinados a la educación.

Es un acto de responsabilidad social y estatal encarar con vigor y determinación los males que aquejan nuestra colectividad, todos estamos conscientes que los pasos primarios que debemos dar en procura de alcanzar una sociedad mas justa es aportando a la educación.

La educación se adquiere por la escolaridad a la cual deben ser sometidos todos los individuos en sus etapas en las que mejor pueden absorber los conocimientos, de allí moldearlo para que sirvan de fuentes enriquecedoras e instruirlos en la capacidad de aprender y con ello puedan asimilar con destreza la descodificación de los códigos que la sociedad les impone, desarrollar la comprensión lectora, poder indagar la realidad para comprenderla mejor, para que pueda asumir posturas criticas del ambiente que les rodea, poder formarse la propia idea de las cosas, desarrollar el amplio universo de capacidad intelectiva que todos tenemos desde nuestra propia formación natural y con ello todo el arsenal de elementos de comportamientos y de variables que impone la convivencia social.

Debemos crear métodos de instrucción educativa que satisfagan los requerimientos de convivencia óptima entre los individuos, de manera que la plataforma sobre la cual se sustente el conocimiento de los egresados escolares no les sean ignorados, y no haya que llegar a los extremos actuales de que las instituciones universitarias tanto pública como privadas, deban convertirse en instrumentos reformativos de los baches con que provienen de los centros anteriores los estudiantes. Esto refleja la muy clara deficiencia que arrastran de la educación formal los postulantes.

No obstante, la franja de profesionales que egresa de nuestras universidades no cumplen, de igual manera, con los requisitos mínimos formativos que exigen las vacancias laborales, por cuya razón deben los propios empleadores asumir la instrucción que requieren de sus trabajadores.

La desconfianza existente en el mercado laboral nuestro es de tal magnitud que este se ha visto precisado a incursionar en la importación de manos de obras calificadas para afrontar la deficiencia formativa local.

Todos estamos conscientes de la necesidad que tenemos de hacer mejores inversiones en el sector educativo, no podemos continuar desatendiendo esta valiosa herramienta de instrucción individual y social, debemos además tener una educación más democrática, donde un sector no tenga acceso a los mejores mecanismos educativos que otros.

Las manifestaciones de luchas sociales encaradas por sectores de nuevo cuño de presión a la que se vio exigiendo mejores tratos a la educación están conscientes de que si no se promueven las diligencias que brinden la posibilidad de alcanzar los objetivos del milenio, estos difícilmente logren alcanzarse, de manera que con una ley de educación actual como la que tenemos, y el cumplimiento del cuatro por ciento que ella exige a la educación, tendremos un mejor futuro.

Consiente nuestra pujante clase media de la necesidad de remediar la quebrada estructura educativa nacional, ha decidido obrar como nunca antes, haciendo converger en un solo propósito la obtención de una mejor educación para todos.

Se deben dar mantenimiento a las edificaciones que sirven al sector educación, construir otras tantas nuevas, se debe ampliar las facilidades estudiantiles existentes, crear estructuras de transportes a los estudiantes, crear centros de tecnologías y de formación técnica y de recreación en todo el territorio nacional; mejorar los niveles de vida de los profesores y del personal técnico, extendiendo a la formación de cada uno los aportes a realizarse, de igual manera fabricarles viviendas, seguro social y de salud, salarios más atractivos, etc., son de las áreas que aguardan por la inversión que requiere nuestra educación.

Sin vacilaciones, todos tenemos que apreciar la necesidad que se tiene para ir de la manos con el progreso, lo cual se logra haciendo poderosas inversiones en el sector de la educación, los recursos los tenemos, solo debemos invertirlos con generosos propósitos.

Como se evidencia, entre nosotros tenemos resuelta la ecuación y los mecanismos rectores sobre los cuales se puede echar andar la educación nacional, solo tenemos que ponerlos en práctica. Los esfuerzos que se han estado haciendo desde la colectividad consiente en el sentido de provocar de las autoridades mayores atenciones al sector educativo, han resultado favorables, al haberse logrado un incremento en lo inmediato en el presupuesto de esta cartera de hasta cinco mil cuatrocientos millones de pesos dominicanos, esto es una muestra de que toda la nación se está empoderando de su propia realidad y de los derechos y obligaciones que le pertenece. De alguna manera, estamos tomando la conciencia necesaria para saber dirigirnos con mayor firmeza hacia un futuro más promisorio, cierto y progresista. 

Bajo los postulados de asumir con mayor énfasis la responsabilidad que todos tenemos es que descansan las perspectivas de los avances importantes que debemos alcanzar en la disminución de los niveles de insalubridad social, elevar la educación y disminuir los niveles de analfabetismo debe ser de nuestras metas inmediatas.

Notemos como para la década de los años setenta el país tenía un treinta y dos por ciento de analfabetismo a nivel nacional, y ya para el año dos mil cinco, ese porcentaje había decrecido a un once por ciento, esto es una muestra de que cuando se quiere, se puede. Debemos proponernos que para el próximo lustro ya no haya más personas que no sepan individualmente nutrirse de los conocimientos que les exige la sociedad que conformamos.

Por respeto a nosotros mismos, a nuestra historia reciente, a nuestra sociedad, a nuestros hijos y a las próximas generaciones, la educación debe ser un tema de prioridad nacional.


Salomón Ureña B E L T R E.
Abogado.
salomonbeltre@me.com

Día del Poder Judicial y el Tribunal Constitucional

Posteado el // Comentar
El siete de enero de cada año está instituido como el día del Poder Judicial. Para la fecha, se producen varios acontecimientos los que quedan coronados por el discurso que pronuncia el honorable presidente de la Suprema Corte de Justicia, en el cual éste ofrece una especie de rendición de cuentas que se reduce esencialmente a resaltar los temas más relevantes tratado por este, el tercer poder del Estado; se define el comportamiento de como ha girado la jurisprudencia en el pasado reciente, los nuevos principios fijados por este Poder, también se informa sobre como han sido destinados los recursos manejados, además de hacerse algunas reflexiones relacionadas a la judicatura, etc.

Son escasas las fechas en las que como en la actual se tiene en la palestra un repertorio de temas tan amplios y sensitivos que atañen de manera especifica al Poder Judicial, y que esta vez se percibe como si se estuviera enfrentando algunos designios que propugnan por la disminución de las facultades que les son propias al más alto estamento de este poder, a la sazón La Suprema Corte de Justicia, situación que tiene a toda la ciudadanía en permanente expectación.

Debido a las luchas de poderes que se ha entronizado entre los entes que ahora constituyen directa o indirectamente el Poder Judicial, fruto de la nueva Constitución, y los que deben quedar definidos con la aprobación e implementación de las leyes y reglamentos que actualmente se discuten ante el Congreso Nacional, todos los actores concentran sus esfuerzos en procura de obtener los resultados que más favorezcan a los intereses que representan.

En esta ocasión prevemos que las estadísticas como en otras ocasiones jugaran un papel preponderante en el discurso que emitirá el Presidente de la Suprema Corte de Justicia, el Dr. Jorge Subero Isa, pero con algún matiz menos incisivo, no porque no se hayan obtenidos algunos buenos resultados en el desempeño de las labores judiciales en el periodo 2010, o porque no se hayan fijado posiciones que contengan decisiones valiosas de índoles jurisprudenciales, sino porque este momento se presta para defender lo que hasta ahora se debe interpretar como la permanencia de las potestades a que cada cual tiene “derecho” dentro del Poder Judicial y que la entrada en vigencia de la nueva Constitución pone en alto riesgo.

Con la promulgación y puesta en vigencia de la nueva Carta Sustantiva, la que no existía a esta fecha del año que recién culmina, se crean  instancias que eran entre nosotros totalmente desconocidas.

La conformación de las nuevos estamentos instituidos por la Carta Sustantiva implica, entre otros, un amplio reordenamiento del Poder Judicial que hará cambiar dramáticamente la manera en que hasta la fecha se ha impartido justicia en nuestro país.

Dentro del esquema estructural que ha instituido, lo que hoy se ha dado por llamar “La Constitución del 2010”, se encuentra por ejemplo, la creación del Tribunal Constitucional, que es el que más escozor al momento actual produce y el que inevitablemente tendrá, según los intereses que más se han destacado en su defensa, mayor preponderancia en aquel Poder del que apenas es un simple invitado.

Los primeros lineamientos con que se traza la existencia de esta magna instancia, es sobre si este debe tener el control difuso de la Constitución o si por el contrario podrá solo conocer de las acciones en constitucionalidad por vía directa; hoy todos se despachan a fijar sus propias convicciones, algunos sin antes observar inclusive, que es la propia Carta Sustantiva la que le atribuye de manera general, el ámbito de su competencia al nuevo Tribunal Constitucional.

En este sentido, entendemos que nuestro legislador debe poner especial atención a las facultades que finalmente le asignará a esta nueva instancia, debido a que con ello se pone en riesgo “la seguridad jurídica que en materia constitucional ha existido en nuestro país”; se debe considerar que abordar el tema de manera inadvertida puede causar que nuestros tribunales se conviertan nueva vez en estanques de expedientes sin salidas, que se eternicen los procesos y que se pierda la confianza en la administración de justicia, la que con el paso del tiempo se ha estado recuperando entre nosotros.

De igual manera, frente a los cambios que se ciñen sobre el campo judicial, a esta fecha, muchos son los jueces que se mantienen a la expectativa de lo que ocurrirá con sus respectivos cargos, debido a que solo aguardan se llame a la conformación del Consejo Nacional de la Magistratura, el que habrá de escoger sus posibles sustitutos.

Son innumerables las diligencias de distinguidos abogados en ejercicio que hacen sus preparativos para acudir al llamado que la patria les hará para obtener de ellos ora desde el Tribunal Constitucional ora desde la Suprema Corte de Justicia, los servicios que ellos mismos anhelan brindarle a la nación.

Todos se sienten por premonición destinados a tener en sus manos el mallete con el cual habrán de decidir las situaciones que sean competencias de las respetivas instancias a las que sean llamados a servir.

En definitiva, para esta ocasión no escucharemos hablar, sino como pura formalidad, sobre asignación de presupuestos deficientes al Poder Judicial o de las imposibilidades que afronta este poder para cubrir las necesidades básicas imperantes que le afecta, no, en esta ocasión el “Día del Poder Judicial” será propicio para alertar sobre la determinación de impedir por todas las formas posibles la fragmentación de sus facultades y con ello se escamoteen los poderes que dicen corresponderle exclusivamente a la Suprema Corte de Justicia.


Salomón Ureña Belre.
Abogado.

La Educación en la República Dominicana.

Posteado el // Comentar

2-3

Mucho se ha recalcado que un pueblo sin educación se sume cada vez  más en la miseria y la  pobreza. En un marco de previsión, las autoridades locales y foráneas han tomado medidas para reducir los niveles de insalubridad como mecanismo de salvaguardar la integridad de los seres humanos, mejorando el bien común, posibilitando la creación de las condiciones sociales que permitan a los integrantes de la comunidad alcanzar mayor realización personal, espiritual, material y social. Entre las actividades específicas que conllevan materializar estas condiciones está la educación.

En este sentido, la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), proclamó como la Década de la Alfabetización el decenio comprendido entre el 2003 al 2012.

El Estado Dominicano, a sabiendas de las inmensas precariedades de que adolece la educación formal nacional, no tuvo otra opción sino la de adherirse a las metas programadas por la UNESCO, de tal manera, se vio precisado a elaborar las estrategias y articular la estructura sobre la cual marchara la recuperación de la educación de nuestros nacionales.

Ya antes en el año 1997, nuestro país había adoptado un régimen legal de educación instituido por la norma 66-97, denominada Ley General de Educación.

No obstante el honorable señor Presidente constitucional de la República Dr. Leonel Fernández, al participar en la XX Cumbre Iberoamericana de Jefe de Estado y de Gobierno, realizada entre los días 2 y 4 de diciembre del año 2010, en Mar del Plata, Argentina, hizo revelaciones donde confesaba con cierta impotencia, la imposibilidad de nuestro país poder alcanzar las metas establecidas en los Objetivos de Desarrollo del Milenio, incluyendo la educación, que fue el tema principal a tratar por este cónclave, en una expresión de manifiesta incompetencia que debe serle atribuida a todos los dominicanos por igual, lo que debe llenarnos de decepción y de obligatoria reflexión.

Nuestros gobiernos han fomentado durante toda nuestra historia una muy baja inversión en el sector educativo, acarreando la existencia de un porcentaje de analfabetismo tan elevado que nos ubica dentro del concierto de naciones que menos atención le presta a este sector, y no decir de la preparación que resulta de los que llegan a ser favorecidos con el sistema de educación básico, los cuales en su gran mayoría son considerados como verdaderos semis analfabetas.

Estas falencias les han valido a nuestros gobernantes tener mayor control sobre la vida de los individuos, los que por la falta de instrucción han sido sometidos a enojosas precariedades, desmedrando durante largos años su condición de seres humanos.

Contrario a como lo han considerado nuestros entes dirigenciales, tener una sociedad mejor instruida, es vislumbrar la posibilidad de realizar mejores obras de gobiernos, es afrontar menores accidentes en el ejercicio del poder, solo debemos comparar las maneras de cómo se hacían los reclamos de las justas reivindicaciones a las que aspiraba la sociedad hasta hace apenas pocos años, con las que hoy algunas células sociales exigen el cumplimiento de las leyes.

Hoy se reclama de manera pacífica, existe cierto respeto a los disidentes, protegiéndose su patrimonio y la integridad físicas de las personas; esta es la mejor muestra de cómo se obra cuando prima la conciencia y la educación en los individuos que estamos compelidos a vivir en comunidad.

Salomón Ureña B E L T R E.
Abogado.
salomonbeltre@me.com